Un eje temporal precario

Durante estas fechas los medios de comunicación convencionales, aquellos encargados de generar la opinión de las masas, han estado emitiendo una serie de contenidos con el fin de homenajear la efeméride que ha supuesto el advenimiento, hace treinta años, de la democracia representativa tras casi cuarenta años de dictadura franquista. Los programas emitidos son una semblanza sobre Adolfo Suárez complementada con una descripción de los gestos generosos llevados a cabo por la mayoría de partidos democráticos con el fin de limar asperezas y crear una base sólida en la que se sostenga esta nueva forma de gobierno.  A raíz de ello los medios de comunicación nos han “bombardeado” con columnas, editoriales, y otro tipo de formatos periodísticos, en los que exponen que, como consecuencia de la implantación de la democracia, hoy por hoy estamos inmersos en una etapa de bonanza económica y de mejora de las condiciones sociales como nunca habíamos tenido. En cierto modo no les falta razón en eso, pero es sabido que una verdad a medias es una mentira verdadera, las razón por la que afirmo esto es porque como consecuencia de la llegada de la democracia, también fue el inicio de una serie de perspectivas esperanzadas en que en este nuevo marco institucional traería progresivamente mejoras de las condiciones laborales y un aumento de los derechos de los trabajadores/as, la evolución histórica ha desmentido tajantemente estas perspectivas y las empresas de comunicación han silenciado todos los procesos de detrimento de las condiciones laborales llevados a cabo. Yo como no soy una empresa de comunicación, sino que me considero un librepensador voy a exponer y argumentar las variaciones que han sufrido las relaciones laborales en estos últimos treinta años. Comenzaré por el año 1977, año en que se firman los Pactos de la Moncloa suscritos por todos los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones democráticas del 77.  Se considera que los problemas políticos y los problemas económicos están ligados por lo que el objetivo prioritario es consolidar la democracia solucionando la crisis económica de ese momento, para evitar la deslegitimación de la democracia. Los pactos de la Moncloa plantean unas medidas de saneamiento económico y una serie de reformas. Entre las medidas destacan ajustar la masa monetaria mediante una política que estabilice y controle el consumo y la inversión. El gasto público se reduce en su consumo y se reorienta hacia inversiones productivas y se prevé una reforma impositiva en la que se sustituyan los impuestos directos por los indirectos (IVA). Se fija un tipo de cambio realista con la peseta. Los salarios comienzan a ser indiciados en función de la inflación prevista en lugar de la anterior, reducen las cuotas a la Seguridad Social, se moderan los costes financieros y se liberan los mercados de bienes y servicios. Sobre las reformas cabe señalar la reforma del presupuesto y del gasto público, una reforma fiscal y una reforma de la empresa pública. También se realiza una reforma del sistema financiero para controlar mejor la oferta monetaria liberalizar el sistema financiero pero supervisando y controlando la solvencia de este sistema. Una reforma del mercado de trabajo encaminada ha hacerlo más flexible y a potenciar la creación de empleo mediante descuentos en las cotizaciones sociales. Los resultados económicos de los Pactos de la Moncloa fueron controlar la inflación que en 1977 era del 26’4% y en 1978 bajó 10 puntos situándose en el 16%. La Balanza de Pagos fue superavitaria en el periodo 1977-78 y aumentó los excedentes empresariales que son los mecanismos para aumentar la inversión y la creación de empleo. Los resultados para los trabajadores fueron el establecimiento de la moderación salarial como vía para combatir la inflación, la reconversión industrial interviniendo sobre sectores industriales menos competitivos y se establece la reducción del Gasto público en los Presupuestos Generales del Estado tres elementos que serán constantes en las etapas posteriores. En 1980 se crea el Acuerdo Marco Interconfederal firmado por CEOE Y UGT y se aprobará el Estatuto de los Trabajadores. En el Acuerdo se pactará a espaldas de los trabajadores la consolidación de la moderación salarial para combatir el paro y la inflación y se pondrá fin también de forma pactada a los incrementos salariales a costa de las tasas de ganancia del capital. El Estatuto de Trabajadores introduce los contratos en prácticas, a tiempo parcial, temporales de obra y servicio, con carácter absolutamente excepcional y pasará a manos del empresario la decisión sobre indemnización o readmisión en caso de despido improcedente. La moderación salarial se cebará en quienes tienen una contratación precaria abriendo una fisura entre trabajadores y da paso a un ciclo de luchas colectivas a las búsqueda de compensaciones individuales (horas extra) para recuperar las pérdidas salariales. Llegamos a las elecciones de diciembre de 1982 en las que gana por mayoría absoluta el P$O€ el programa económico a plazo medio del P$O€ incluía los siguientes parámetros: MEDIDAS DE SANEAMIENTO ECONÓMICO: Política Monetaria restrictiva. Política presupuestaria dirigida a reducir el déficit público que no podía financiarse, en ningún caso en el Banco de España. Política de equilibrio de la balanza de pagos: Tipo de cambio: realista según mercado (libare flotación), con devaluación inicial. Fomento de la competitividad de las exportaciones. Moderación del crecimiento de los salarios y otras rentas. MEDIDAS DE REFORMA ECONÓMICA (a l/p) En primer lugar se va a proponer el reajuste de la estructura productiva mediante la reconversión de la industria y la reconversión energética que se implementa en el Plan Energético Nacional. También se pretende mejorar la competencia en general de la economía a través de: La flexibilización del mercado de trabajo. La flexibilización y liberalización de los mercados de bienes, servicios y capitales, todo esto afecta al sector financiero y al de las comunicaciones.  Una reforma del sector público en la que se pretende: Reducir el déficit público aunque se produce el efecto contrario, es decir, el déficit se dispara. También se prevé la reforma fiscal de la que se hablaba en programas políticos anteriores aunque esta reforma se retrasó y el IVA no apareció hasta la incorporación en la UE. También se prevén reformas en la Seguridad Social aunque se inician muy tarde. Por último se prevé la reforma de la empresa pública. Lo único que se consigue en este periodo (83-85) es detener el flujo de empresas deficitarias privadas que pasaban a manos públicas. Los efectos económicos de este programa fueron controlar la inflación que pasó al 8% con una política monetaria restrictiva, saldo positivo en la Balanza de Pagos gracias a la devaluación de la peseta. Pero la mejora de la inflación se consigue a cambio de que subiera el desempleo que pasó de un 16% en 1982 a un 22,1 en 1985. Para los trabajadores el principal cambio será la reconversión industrial en la que se desmantelaran sectores industriales enteros e intensivos en mano de obra, con grandes centros de trabajo en los que tradicionalmente la clase obrera había desarrollado su capacidad de movilización; la eventualidad introduce una división que va minando su unidad, primero colectiva y después en cada uno de los centros de trabajo.  En el año 1986 se produce la incorporación de España a la CEE, esta incorporación tiene sus ventajas para la economía española y un cierto aumento del bienestar social gracias al trasvase de fondos de las economías mas desarrolladas de la CEE a nuestra economía, pero por otro lado la tardía incorporación de España a la CEE, presentando nuestra economía una especialización de su sector industrial en una industria tradicional con una demanda poco elástica y con pocas dotaciones en capital tecnológico en comparación con otras industrias más punteras, unido al hecho de que presentábamos unos costes laborales menores respecto a nuestros socios europeos provocaron deslocalizaciones de empresas industriales tradicionales de Alemania y Francia que se trasladaron a España, y como consecuencia de ello la industria tradicional española lejos de reconvertirse y adquirir nuevas tecnologías para transformarse en una industria puntera, de forma artificial consiguió sobrevivir y afianzarse durante más tiempo en la economía gracias a presentar una menor dotación salarial de sus trabajadores, esto resultó la antesala de la que hoy ya es una práctica extendida de nuestro arquetipo empresarial, que es buscar una mayor productividad produciendo lo mismo pero progresivamente estancando e incluso reduciendo los salarios de sus empleados en relación a la evolución del coste de la vida. En 1992 es el “Decretazo” por el que se recortan las prestaciones por desempleo, al parecer este tipo de medidas se hacen para evitar caer en la denominada “Trampa de la Pobreza” incentivando al trabajador a buscar un empleo rápidamente en vez de estar percibiendo una prestación. Pero para los trabajadores esto supone un aumento de sus posibilidades de aceptación de un empleo en condiciones degradadas. Una regla general que nos demuestra esta evolución histórica es que el retroceso en las condiciones laborales provoca un efecto análogo en las garantías sociales. Durante 1994, se produce una reforma del Estatuto de los Trabajadores que desregulariza el pago de las horas extras, las nocturnas y otros pluses salariales en un contexto donde las horas extras son una forma individual de compensar la disminución de las rentas recibidas en vez de luchar de forma colectiva por su recuperación, esta reforma supuso un incremento del deterioro de las condiciones de trabajo ya que supuso un alargamiento de la jornada real con el consiguiente aumento del cansancio del obrero y aumentando sus posibilidades de sufrir un accidente laboral por lo que esta medida contrajo un aumento de la siniestralidad en el trabajo.  1994 es el año en que también se legalizan las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) aunque éstas estaban ya funcionando antes de esta legalización, abren la puerta a una serie de relaciones laborales en las que el empresario no tiene el compromiso legal que una relación laboral acarrea.En el año 1996 comienza su andadura gubernamental el PP (Partido Putrefacto) su líder, “Ansar” afirma explícitamente que su programa electoral económico se basará en el control presupuestario, la flexibilización de los mercados, la reforma tributaria y el apoyo a los sectores productivos. Su gobierno  apoyó a las Pymes, modificando el marco fiscal, eliminado barreras administrativas, paliando los obstáculos financieros y propiciando su acceso a los mercados internacionales. El resultado ha sido la creación de 130.000 nuevas empresas. Todo ello se desarrollará en un marco en el que se procederá a sucesivos procesos de privatización empresarial para cumplir con los criterios del tratado de Maastricht  en los que era imperativo tener un déficit cero presupuestario. En estos tres gobiernos UCD, PSOE y PP el rasgo común de su política económica ha sido la flexibilización del mercado laboral, en cada uno de los tres se ha dado una vuelta de tuerca a la precariedad laboral y el gobierno del PP no será desde luego una excepción, menos aún por su línea ideológica. En el año 1997 entra en vigor el acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos. Si anteriormente las discrepancias laborales por medio del conflicto entre las partes a la judicalización  e individualización, el nuevo acuerdo pretende ahorrar ese paso, resolviendo por laudo y eludiendo hasta el débil grado de enfrentamiento que entraña la vía judicial. Ese mismo año se crea el Acuerdo Interconfederal de Empleo, regulando los beneficios fiscales, subvenciones y bonificaciones a la contratación indefinida. Este acuerdo se crea después de que el contrato eventual se haya extendido a todos los sectores productivos y había actuado en cierto modo como un elemento de disciplina dentro de la empresa, no obstante este tipo de contratación implicaba una bajada de los niveles de productividad de los trabajadores, de modo que se trata de incentivar a las empresas a generar contratos indefinidos  a cambio de darlas bonificaciones, subvenciones y exenciones fiscales, creándose así un trasvase de rentas sociales que incrementen los beneficios empresariales y han convertido a la contratación en una fuente de ingresos con la que en no pocos casos se especula mediante procesos reiterados de contratación despido y reubicación.Con la llegada del año 1999 la legislación limitó la arbitrariedad de las ETT, equiparando salarios y vinculando subsidiariamente a las empresas con las ETTs, con lo que la vía de contratación mediante estas empresas pasó a un segundo lugar, siendo reemplazadas por las empresas de outsourcing o subcontratación: la empresa matriz es la que mantiene la dirección del proceso e impone las condiciones, pero es la empresa subcontratada la que traslada a los trabajadores los costes económicos y sociales, hoy todo se subcontrata hasta el punto que cabe la existencia de empresas importantes sin casi trabajadores directos. En 2001 se realiza una nueva Reforma del mercado de Trabajo por la que se aprueban los contratos de inserción y se amplían los de formación y los indefinidos de nueva creación que vienen a ser contratos fijos pero con menores garantías se sigue apostando por sustituir la contratación eventual por la precariedad indefinida. En 2002, se pone en funcionamiento el Real Decreto Ley que reducen los costes en el despido, eliminando los salarios de tramitación, recorta las prestaciones sociales de desempleo y las posibilidades de acceso a los mismos y elimina el subsidio de desempleo agrario, de gran importancia en territorios económicamente deprimidos. Este Real Decreto fue respondido por los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO con una huelga general con la que se consiguió eliminar algunos de sus aspectos más restrictivos pero a pesar de todo en el acuerdo final se produjo una reducción drástica de los salarios de tramitación , restringiendo fuertemente el subsidio agrario y estableciendo su desaparición en el futuro y añadiendo nuevos requisitos para poder acceder a una prestación por desempleo.El último capítulo de precarización fue en el año 2006 con una reforma laboral pactada entre la CEOE, CEPYME, UGT, CCOO y el Gobierno “Socialista” en la que el nuevo contrato de empleo indicaba que en caso de despido la indemnización por año trabajado será de 33 días en vez de los 45 del modelo anterior, nuevos tipos de contrato a medida de las contratas y subcontratas sin apenas indemnización por año trabajado, se impide la subrogación de los trabajadores de una contrata a otra en función del mantenimiento de la actividad, eliminación del control judicial de despidos individuales que serán determinados exclusivamente por las empresas, se potenciarán las ETTs y se van a reducir las aportaciones de las empresas a la seguridad social a cambio de que estas pongan a su trabajadores temporales en este nuevo tipo de contrato indefinido.El resultado de este desastroso eje temporal de constante precarización muestra una serie de resultados que han sido recogidos en el último informe que el Eurostat ha hecho sobre la economía española; en ese informe se nos indica que esta economía  ha crecido a un ritmo superior al de la media de la UE y que también se ha producido un incremento de la renta per cápita, pero aunque pueda resultar inicialmente un poco contradictorio dicho incremento de la renta per cápita se ha basado en un mayor pronunciamiento de la brecha social en poder adquisitivo entre los más ricos y los más pobres. Los datos muestran que en España el 20% de población más rica ganó 5,4 veces más que el 20% de población más pobre, las causas que justifican esto son que las rentas derivadas del capital han aumentado mucho más que las rentas derivadas del trabajo, de hecho en el periodo 1996-2006 las empresas españolas aumentaron su beneficio neto en un 73%, mientras que en ese mismo periodo el precio del trabajo (salarios) aumentó tan solo un 3,7%, de hecho si tenemos en cuenta la subida del coste de la vida y ponemos nuestros salarios en términos reales, se observa que ha disminuido en un 4%. Esta dinámica se sostiene porque los dos principales sectores de nuestra economía son la banca y la construcción. En el caso de la Banca se están obteniendo unos beneficios records pero no crea empleo, un ejemplo es el Banco Santander que en el periodo 1996-2006 facturó 26000 millones de €  en beneficios y en el que despidió a 12000 empleados. Centrándonos en la construcción se observa que el 76% de los empleos creados son precarios y están por debajo del salario medio, esta proliferación de empleos precario y bajos salarios es la que además ha propiciado un crecimiento de la bolsa de personas que vive por debajo del umbral de pobreza relativa (aquellas personas cuya renta media está por debajo del 50 % de la renta media nacional).El que se dé esta circunstancia en una sociedad democrática en la que los gobiernos son elegidos por los votos de la mayoría de la población, siendo estos votos provenientes mayoritariamente de la clase trabajadora, responde a que los gobiernos han sabido, mediante sus políticas, erosionar la conciencia colectiva de lo trabajadores de forma que han generado un fuerte individualismo entre los empleados, que en algunos casos un trabajador atenta contra la integridad de otro trabajador (moobing), y el otro frente de batalla se han encargado de liderarlo las empresas de comunicación que han convertido primero al obrero en ciudadano, luego al ciudadano en consumidor y finalmente pretenden convertir al consumidor en un mero factor productivo, silenciando y minimizando el drama de la siniestralidad laboral, en la que por cierto es la causa de que muera cada año más personas de las que ETA ha matado en su 40 años de historia, y sin embargo si comparamos el espacio informativo que les dedican los medios de comunicación al problema del terrorismo y al problema de los accidentes laborales, la proporción va totalmente desajustada con las victimas que cada uno de estos problemas genera en la sociedad. Con esto concluye mi resumen de estos 30 años de precariedad.